Con la entrada en vigor de la nueva Ley del Juego, España estará obligada a separar el órgano regulador de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) del operador de los juegos públicos, tal y como exige el proceso de liberalización del mercado comunitario según la legislación de la Unión Europea.
Según Europa Press, se prevé que se otorgaran solamente cinco licencias para operadores de juego en línea, los que estiman que estas medidas solo contribuirán a reducir la competitividad y, por tanto, la calidad y variedad del servicio.
“Sin embargo no se podrá iniciar esta operación de privatización hasta que se conozca de antemano la extensión de las licencias que va a conceder el Estado, es decir tipos de juegos, capacidad de creación de otros nuevos o modificación de los iniciales, el régimen comercial, la forma de pago de las cuotas, los impuestos a pagar, y si se van a producir más licencias y en qué número, datos fundamentales para valorar la competencia que habrá que afrontar en el mercado español”, según afirma un estudio del Instituto de Política de la Universidad Carlos III.
En paralelo el Congreso de los Diputados vuelve a prorrogar el plazo para presentar enmiendas a la tan cacareada Ley del Juego. Estas propuestas deben ser presentadas ante el Registro de la Secretaría General de la Cámara que permanecerá abierta cinco días más para recibir la documentación que se prevé llegará en abundancia en el último momento.
Esto afectaría los plazos previstos y las apreciaciones más optimistas de que entraría en vigor plenamente para el próximo verano y que se ven matizadas por estos avances y retrocesos en la legalización del juego en línea en España.