Esto ha conducido al gobierno Español a valorar sus alternativas que han quedado recogidas en el nuevo borrador de la Ley del Juego elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda, elaborado en este mes de noviembre, y que copia en su esencia el modelo adoptado por Francia, puesto que incluye un impuesto del 35% sobre los ingresos brutos, sin descontar los premios, algo así como más de diez veces los vigentes en el Reino Unido e Italia.

 

Si la regulación es demasiado estricta, como al parecer lo será, sin lugar a dudas se convertirá en un duro golpe para las compañías operadoras de juego en línea. En esta dirección, algunas empresas ya han manifestado su inquietud sobre cómo se va a llevar a cabo la transición del mercado no regulado al mercado regulado, y han adelantado que pueden surgir graves problemas si se prohíben algunos juegos o si la tasa impositiva es demasiado elevada, tal y como ocurre con el modelo francés que es criticado por tratarse de un gravamen que repercute sobre la competitividad del mercado y recorta los premios del consumidor, lo que ha generado que los jugadores franceses hagan sus apuestas a través de Internet en otros países donde obtiene mejores resultados.

 

Esperamos que se aprenda de la experiencia del Reino Unido donde muchas compañías de la industria del ocio online se desplazaron hacia Gibraltar para eludir estas restricciones aberrantes, o de la experiencia italiana, país que cometió un grave error y posteriormente se vio obligada a rectificar.

 

En el 2006, cuando abrió el mercado, optó por tasa impositivas muy altas, del orden del 7,5% de las cantidades apostadas en apuestas deportivas, debiendo modificarlo en el 2008 casi a la mitad (3,8%) en tanto en fecha reciente ha establecido entre un 1,5 a 2% de las cantidades apostadas. La necesidad de establecer un marco legal, que es totalmente comprensible y justo, no puede conducir a limitar el desarrollo impetuoso del juego en línea.