Con el proyecto de la nueva Ley del Juego, que regula, por primera vez, las apuestas en línea, el Gobierno Español establece un estricto control sobre las diferentes modalidades de los juegos de azar, y esto no es para nada cuestionable. El tratar de que el juego responsable sea la elección es digno de saludar y estimular.
Otra lectura la tienen los operadores quienes denuncian que esta elección del Ejecutivo alejará a los operadores europeos del mercado español, lo que generará menos ingresos y menores opciones para los jugadores. De igual manera, alertan de que los operadores trasladarán el impuesto a los consumidores, quienes podrían recurrir a un mercado negro libre de impuestos.
Además, el Anteproyecto establece límites a la publicidad lo que es objeto de denuncia por parte de los operadores al ser de carácter restrictiva dado que quien quiera anunciarse, deberá presentar la licencia, que otorgará la Comisión Nacional de Juego mediante un concurso público en el que habría un cupo.
Pero en paralelo y en contraste sale a la palestra pública el anuncio de que el Ejecutivo tiene la intención de vender el 30% de la empresa estatal de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) para conseguir “reducir la deuda española”.
Los llamados “loteros” acusan al Gobierno de “querer privatizar un sistema de carácter público que ha demostrado ser mucho más eficaz y competitivo que el privado”, indican en un manifiesto, en el que reclaman la aprobación de una Ley de Juego Público. El Tesoro público ingresó el pasado año 2.919 millones de euros procedentes de LAE, 810 de ellos sólo gracias a la venta de la Lotería de Navidad.
En este sentido Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente primero ha expresado "que con la decisión de privatizar parte de Loterías y de Aena se conseguirá reducir deuda, tener más margen de maniobra presupuestaria y de esta manera dedicarse por ejemplo a políticas activas de empleo".